El 7 de junio de este año se renueva el Parlamento de la UE, la Unión Europea. Todos los integrantes, estén en el país europeo que estén, pueden votar.
Este es uno de los anuncios con los que la Unión Europea promociona la participación del electorado.
También están en maquetas de gira por distintas ciudades españolas.
Las elecciones europeas son un espacio clave para la defensa y la protección de los derechos de las personas inmigrantes. ARVAS cree que no existen las personas ilegales y que los derechos humanos son inalienables y para todos y todas.
En el apartado para la prensa del sitio web http://www.elecciones2009.ue/, especialmente creado por el propio Parlamento Europeo para la ocasión, se informa a los periodistas de diversos temas. Por ejemplo, las decisiones en materia de Inmigración.
Dice textualmente (nosotros agregamos el subrayado):
"Directiva de retorno: normas comunes para la retención y el reingreso
Con la aprobación de la directiva de retorno en junio de 2008, el Parlamento Europeo dio un importante paso adelante hacia una política comunitaria sobre inmigración. El texto, que se aplicará a partir de 2011, promueve el retorno voluntario de inmigrantes ilegales y establece unas normas mínimas para la retención y la prohibición de reingreso. Asimismo, estipula una serie de garantías jurídicas y confiere libertad a los Estados miembros para aplicar disposiciones más favorables.
El pleno de la Eurocámara aprobó un paquete de enmiendas negociadas en primera lectura con los Estados miembros. Según este acuerdo, los países de la UE no podrán aplicar condiciones menos favorables a los inmigrantes ilegales que las estipuladas por la UE, sin perjuicio de su derecho a mantener o adoptar disposiciones más favorables.
El pleno de la Eurocámara aprobó un paquete de enmiendas negociadas en primera lectura con los Estados miembros. Según este acuerdo, los países de la UE no podrán aplicar condiciones menos favorables a los inmigrantes ilegales que las estipuladas por la UE, sin perjuicio de su derecho a mantener o adoptar disposiciones más favorables.
La directiva sólo es aplicable previa expedición de una decisión de retorno, siendo cada Estado miembro responsable de la posible regularización de los inmigrantes indocumentados. Fomento del "retorno voluntario".
El compromiso político alcanzado bajo la dirección del ponente alemán Manfred Weber (PPE-DE) establece un planteamiento en dos fases: la decisión de retorno abre un plazo de "retorno voluntario" (de siete a treinta días de duración), que puede ir seguido de una "decisión de expulsión". Si dicha decisión la expide una autoridad judicial y se estima que existe riesgo de fuga, la persona en cuestión podrá ser trasladada a un centro de internamiento por decisión judicial o administrativa. La directiva estipula un periodo máximo de internamiento, que actualmente es ilimitado en ciertos Estados miembros, y define una serie de condiciones mínimas para el internamiento, incluidos el derecho a asistencia médica y a la educación de los menores.
El compromiso político alcanzado bajo la dirección del ponente alemán Manfred Weber (PPE-DE) establece un planteamiento en dos fases: la decisión de retorno abre un plazo de "retorno voluntario" (de siete a treinta días de duración), que puede ir seguido de una "decisión de expulsión". Si dicha decisión la expide una autoridad judicial y se estima que existe riesgo de fuga, la persona en cuestión podrá ser trasladada a un centro de internamiento por decisión judicial o administrativa. La directiva estipula un periodo máximo de internamiento, que actualmente es ilimitado en ciertos Estados miembros, y define una serie de condiciones mínimas para el internamiento, incluidos el derecho a asistencia médica y a la educación de los menores.
Si una persona es expulsada una vez expirado el plazo de "retorno voluntario", puede verse afectada por una "prohibición de reingreso", durante la que no podrá entrar en el territorio de la Unión.
Internamiento de seis meses, prorrogable doce meses más.
El periodo máximo de internamiento será de seis meses, pero en algunos casos se podrá prorrogar doce meses más. La duración de la prohibición de reingreso no excederá de cinco años, aunque podrá prolongarse si la persona en cuestión representa una "grave" amenaza para la seguridad pública. No obstante, los Estados miembros podrán levantar, anular o suspender dicha prohibición si lo estiman oportuno.
Si se ordena el internamiento de una persona por decisión administrativa, la autoridad judicial deberá validar dicha decisión "lo más rápidamente posible"; la propuesta inicial imponía un plazo de 72 horas para efectuar el control judicial, mientras que la comisión de Libertades Civiles del Parlamento pedía sólo 48. La enmienda presentada por los socialistas que proponía restablecer el plazo de 72 horas fue rechazada.
Menores y familias internados "como último recurso"
El texto aborda la cuestión de los menores y las familias. En estos casos, se evitará la aplicación de cualquier medida coercitiva y sólo se ordenará su internamiento como último recurso. No se podrá expulsar a los menores no acompañados, a menos que su familia o un centro de acogida se haga cargo de ellos a su llegada.
Situaciones de emergencia
El Consejo ha incluido un artículo según el que se establece una mayor flexibilidad para las autoridades administrativas en "situación de emergencia": si "un número excepcionalmente importante de nacionales de terceros países que deban ser retornados" plantea "una importante carga imprevista" para la capacidad del personal administrativo y judicial de un Estado miembro, se permitirá el aplazamiento del control judicial y la aplicación de condiciones de internamiento menos favorables.
Asimismo, los Estados miembros deberán tener en cuenta la situación del país de origen en virtud del principio de no devolución, según el cual, ningún Estado devolverá en modo alguno un refugiado a un país en el que su vida o su libertad puedan verse amenazadas. El Parlamento Europeo determinará en codecisión con el Consejo los países que pueden considerarse "seguros", siguiendo una sentencia dictada recientemente por el Tribunal de Justicia.
Asistencia jurídica gratuita
La directiva establece la prestación de asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes ilegales sin recursos, de conformidad con las distintas legislaciones nacionales y la directiva "procedimiento" de 2005 sobre la asistencia prestada a los solicitantes de asilo. El Fondo Europeo para el Retorno, previsto para el periodo 2008-2013 con un presupuesto de 676 millones de euros, podrá utilizarse también para costear la asistencia jurídica de los inmigrantes. Dicho Fondo no podía utilizarse hasta la aprobación de la directiva de retorno".
También habla del futuro. Textualmente:
"Inmigración
Nuevas normas de asilo
Los diputados también votarán una serie de propuestas destinadas a regular el derecho de asilo. El propósito es superar las deficiencias del sistema actual y garantizar ciertas condiciones mínimas en el trato de los solicitantes de asilo en la UE. Las condiciones de detención, el acceso al mercado laboral y la situación de los niños son algunos de los temas destacados. Voto en primera lectura previsto para abril de 2009".
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