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jueves, 19 de noviembre de 2009
ARVAS se suma al encuentro de todas y todos en Durango
Un grupo de personas integrantes de ARVAS estuvo presente el pasado 15 de noviembre en el VIII Encuentro Intercultural de todas y todos, que este año se realizaba en Durango.
Esta jornada intercultural de carácter reinvindicativo tiene el objeto de denunciar la denegación de derechos, la criminalización de las personas migrantes y todos los controles de migración que existen actualmente.
Este año se habló específicamente también los derechos que se reducirán aún más con la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería de España. Asimimo, se reivindicaron algunas exigencias en nombre de toda la comunidad de inmigrantes que residimos en Euskadi.
El evento estuvo organizado, como todas las ediciones anteriores por Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONGs de Apoya a Inmigrantes de Euskadi. Este año, se contó también con la participación de los colectivos sociales de Durango.
En la convocatoria, Harresiak Apurtuz expresaba: “Con la excusa de la recesión económica, estamos asistiendo a un endureciendo de la política migratoria que tiene consecuencias especialmente graves: el aumento de la presión policial sobre las personas inmigrantes en situación irregular; el endurecimiento de los requisitos para la obtención o renovación de las autorizaciones o la reagrupación familiar; o el proceso de reforma de la actual Ley de Extranjería que recorta derechos básicos y aumenta las infracciones administrativas.
Las personas inmigrantes son una muestra evidente de las desigualdades económicas y sociales entre los países y dentro de los países. La construcción de muros geográficos, políticos, legales y culturales, es una estrategia criminalizante que, en aras de la mayor rentabilidad del capital internacional, elimina todos los derechos humanos. Para ello se recurre, además, a la externalización de fronteras, la internalización mental a través de la persecución, el hostigamiento y las deportaciones; las detenciones arbitrarias, la impunidad policial fronteriza y los centros de internamiento, donde la violación de los derechos humanos es cotidiana”.
Bajo el lema “Vecinas y Vecinos de un Mismo Mundo”, la jornada, cuyo marco es Durango, centra sus reivindicaciones en el reconocimiento de las personas inmigrantes como sujetos de derechos y no como mera mano de obra a merced de las necesidades económicas de unos pocos; la modificación del Código Penal despenalizando la venta ambulante y el respeto a la libertad de las personas inmigrantes en situación irregular injustamente retenidas en los centros de internamiento del Estado.
Después de la bienvenida, y la participación de un coro de voces africanas, las personas inmigrantes presentes en el acto partieron en una Kalejira que recorrió durante dos horas las calles del casco viejo de Durango. El ritmo lo marcaban la percusión, las voces y los bailes de todos los colores y los orígenes. Asimismo se hicieron tres paradas para recordar a las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia doméstica, la situación crítica del medioambiente en la región del Amazonas y la participación de las personas inmigrantes en el deporte.
Al reagruparnos todos nuevamente en el punto de encuentro se manifestaron los siguientes puntos en nombre de todas las personas inmigrantes que están residiendo actualmente en Euskadi.
- Exigimos la derogación de la Ley de Extranjería y la construcción de formas participativas, desde un nuevo marco jurídico que garantice plenos derechos a todas las personas.
- Exigimos la supresión de términos como “capacidad de acogida” o “vinculación a las necesidades del mercado de trabajo” en los textos legales y en el discurso político y mediático, porque supone una visión reduccionista y unilateral de la inmigración, y contribuye a asimilar a la personas inmigrantes con una mera herramienta de trabajo.
- Exigimos una política de inmigración inclusiva y no excluyente, definida entre todos los agentes sociales y que reconozca y garantice los derechos fundamentales de las personas migrantes.
- Denunciamos la inclusión de más infracciones administrativas que convierten a la Ley de Extranjería en una ley sancionadora y presume una intencionalidad fraudulenta en las actitudes de las personas migrantes.
- Exigimos el reconocimiento de los derechos de las y los menores migrantes no acompañados, poniendo el acento en su condición de menores y respetando la Convención sobre los Derechos de la Infancia o las recomendaciones del Defensor del Pueblo, entre otros.
- Exigimos que, a las puertas de la presidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010, se envíe al resto de los países un mensaje positivo y coherente con los principios del Estado de Derecho, de la extensión universal de los derechos, de la integración y la cohesión social.
- Exigimos el indulto de todas las personas condenadas por venta ambulante y la despenalización de ese ilícito penal.
- Exigimos que no se recorten las dotaciones presupuestarias a los planes de integración del colectivo inmigrante, para que las modificaciones legales en esta materia no se queden en papel mojado.
- Exigimos el reconocimiento del derecho de asilo, tal y como lo establece la Convención de Ginebra, a toda persona que lo haya solicitado “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas(...)”;y la ampliación jurídica de las causas que se reconocen como asilo, refugio y trata de personas, garantizando que las solicitudes y los procedimientos cumplan con todo lo que prevé la ley y centren los derechos humanos de estos colectivos. Igualmente, demandamos el cumplimiento de las condiciones que el Derecho Internacional exige para el retorno de los refugiados.
- Denunciamos aquellos convenios de expulsión que conllevan graves violaciones de los derechos, ruptura familiar, represalias de las autoridades del país de origen y un grave desarraigo de las personas migrantes. Y exigimos la anulación de los acuerdos y claúsulas de re-admisión y el cese de toda negociación de acuerdos de este tipo entre la Unión Europea y los países terceros y entre los países terceros.
-Denunciamos la reproducción y el fortalecimiento de un sistema patriarcal que, en el contexto de la feminización de las migraciones profundiza aún más la asimetría de género ya existente, y se traduce en la continuidad de la ubicación de la mujer en trabajos relacionados al ámbito privado y al cuidado de otras personas, en condiciones de esclavitud.
EL Encuentro cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Durango, el Ayuntamiento de Getxo y la BBK.
Esta jornada intercultural de carácter reinvindicativo tiene el objeto de denunciar la denegación de derechos, la criminalización de las personas migrantes y todos los controles de migración que existen actualmente.
Este año se habló específicamente también los derechos que se reducirán aún más con la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería de España. Asimimo, se reivindicaron algunas exigencias en nombre de toda la comunidad de inmigrantes que residimos en Euskadi.
El evento estuvo organizado, como todas las ediciones anteriores por Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONGs de Apoya a Inmigrantes de Euskadi. Este año, se contó también con la participación de los colectivos sociales de Durango.
En la convocatoria, Harresiak Apurtuz expresaba: “Con la excusa de la recesión económica, estamos asistiendo a un endureciendo de la política migratoria que tiene consecuencias especialmente graves: el aumento de la presión policial sobre las personas inmigrantes en situación irregular; el endurecimiento de los requisitos para la obtención o renovación de las autorizaciones o la reagrupación familiar; o el proceso de reforma de la actual Ley de Extranjería que recorta derechos básicos y aumenta las infracciones administrativas.
Las personas inmigrantes son una muestra evidente de las desigualdades económicas y sociales entre los países y dentro de los países. La construcción de muros geográficos, políticos, legales y culturales, es una estrategia criminalizante que, en aras de la mayor rentabilidad del capital internacional, elimina todos los derechos humanos. Para ello se recurre, además, a la externalización de fronteras, la internalización mental a través de la persecución, el hostigamiento y las deportaciones; las detenciones arbitrarias, la impunidad policial fronteriza y los centros de internamiento, donde la violación de los derechos humanos es cotidiana”.
Bajo el lema “Vecinas y Vecinos de un Mismo Mundo”, la jornada, cuyo marco es Durango, centra sus reivindicaciones en el reconocimiento de las personas inmigrantes como sujetos de derechos y no como mera mano de obra a merced de las necesidades económicas de unos pocos; la modificación del Código Penal despenalizando la venta ambulante y el respeto a la libertad de las personas inmigrantes en situación irregular injustamente retenidas en los centros de internamiento del Estado.
Después de la bienvenida, y la participación de un coro de voces africanas, las personas inmigrantes presentes en el acto partieron en una Kalejira que recorrió durante dos horas las calles del casco viejo de Durango. El ritmo lo marcaban la percusión, las voces y los bailes de todos los colores y los orígenes. Asimismo se hicieron tres paradas para recordar a las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia doméstica, la situación crítica del medioambiente en la región del Amazonas y la participación de las personas inmigrantes en el deporte.
Al reagruparnos todos nuevamente en el punto de encuentro se manifestaron los siguientes puntos en nombre de todas las personas inmigrantes que están residiendo actualmente en Euskadi.
- Exigimos la derogación de la Ley de Extranjería y la construcción de formas participativas, desde un nuevo marco jurídico que garantice plenos derechos a todas las personas.
- Exigimos la supresión de términos como “capacidad de acogida” o “vinculación a las necesidades del mercado de trabajo” en los textos legales y en el discurso político y mediático, porque supone una visión reduccionista y unilateral de la inmigración, y contribuye a asimilar a la personas inmigrantes con una mera herramienta de trabajo.
- Exigimos una política de inmigración inclusiva y no excluyente, definida entre todos los agentes sociales y que reconozca y garantice los derechos fundamentales de las personas migrantes.
- Denunciamos la inclusión de más infracciones administrativas que convierten a la Ley de Extranjería en una ley sancionadora y presume una intencionalidad fraudulenta en las actitudes de las personas migrantes.
- Exigimos el reconocimiento de los derechos de las y los menores migrantes no acompañados, poniendo el acento en su condición de menores y respetando la Convención sobre los Derechos de la Infancia o las recomendaciones del Defensor del Pueblo, entre otros.
- Exigimos que, a las puertas de la presidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010, se envíe al resto de los países un mensaje positivo y coherente con los principios del Estado de Derecho, de la extensión universal de los derechos, de la integración y la cohesión social.
- Exigimos el indulto de todas las personas condenadas por venta ambulante y la despenalización de ese ilícito penal.
- Exigimos que no se recorten las dotaciones presupuestarias a los planes de integración del colectivo inmigrante, para que las modificaciones legales en esta materia no se queden en papel mojado.
- Exigimos el reconocimiento del derecho de asilo, tal y como lo establece la Convención de Ginebra, a toda persona que lo haya solicitado “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas(...)”;y la ampliación jurídica de las causas que se reconocen como asilo, refugio y trata de personas, garantizando que las solicitudes y los procedimientos cumplan con todo lo que prevé la ley y centren los derechos humanos de estos colectivos. Igualmente, demandamos el cumplimiento de las condiciones que el Derecho Internacional exige para el retorno de los refugiados.
- Denunciamos aquellos convenios de expulsión que conllevan graves violaciones de los derechos, ruptura familiar, represalias de las autoridades del país de origen y un grave desarraigo de las personas migrantes. Y exigimos la anulación de los acuerdos y claúsulas de re-admisión y el cese de toda negociación de acuerdos de este tipo entre la Unión Europea y los países terceros y entre los países terceros.
-Denunciamos la reproducción y el fortalecimiento de un sistema patriarcal que, en el contexto de la feminización de las migraciones profundiza aún más la asimetría de género ya existente, y se traduce en la continuidad de la ubicación de la mujer en trabajos relacionados al ámbito privado y al cuidado de otras personas, en condiciones de esclavitud.
EL Encuentro cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Durango, el Ayuntamiento de Getxo y la BBK.
sábado, 14 de noviembre de 2009
Reunión para actuar frente a la Ley de Extranjería
SOS Racismo invita a la reunión que celebrará el sábado 21 de noviembre a las 10.30 de la mañana en su local (Lapurdi 7, cerca de Zabalburu, Bilbao).
El objetivo es, en primer lugar, exponer su posicionamiento ante la reforma de la Ley de Extranjería (las catastróficas repercusiones legales, políticas y sociales que implica) y en segundo lugar, proponer la organización conjunta de un acto de calle (manifestación, concentración o el formato que se decida) el día de su aprobación definitiva.
Para que la reunión sea manejable, SOS Racismo propone quee acuda una persona por colectivo, y que ésta transmita después la información a su grupo. Desde ARVAS invitamos a las personas socias a hacer comentarios a la Junta antes de esa fecha para trasladarlos a la reunión del 21 de noviembre a través del correo arvas@argentinaeuskadi.org.
SOS Racismo dice: “Nos parece muy importante contar con la presencia de asociaciones de inmigrantes, como protagonistas principales de la normativa, pero también nos gustaría que colaboraran otros movimientos sociales, ya que la aprobación de una ley que atenta contra la igualdad de derechos supone construir un tipo determinado de sociedad ante el que las organizaciones sociales tienen mucho que decir”.Reunión para actuar frente a la Ley de Extranjería
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Comunicado de SOS Racismo ante la reforma de la Ley de Extranjería
NO a la ley de Extranjería, no al aumento del racismo institucional.
Ante la aprobación hoy en el Congreso del proyecto de Ley de Extranjería, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español denuncia una vez más el aumento y extensión del racismo institucional que comporta esta nueva reforma así como la persistencia política por mantener un modelo de política de extranjería discriminatoria, injusta e ineficaz.
SOS Racismo denuncia y recuerda:
Que toda ley de extranjería es discriminatoria por esencia puesto que crea categorías de ciudadanos entre personas que comparten una misma sociedad en función de su origen y nacionalidad. La reforma actual no sólo persiste en mantener aquellos recortes ya establecidos en materia de derechos sino que agrava y endurece la normativa a pesar de los intentos demagógicos por parte del Gobierno y quienes le apoyan de “venderla” a la opinión pública como una ley progresista y garantista.
Que es cierto que incorpora o restablece algunos derechos, pero ante este hecho hay que recordar que se trataba de una obligación tras la sentencia del Constitucional y, por otro lado, que el reconocimiento de derechos a las personas inmigradas no son una gracia gubernamental sino una conquista por parte del colectivo y una cuestión de justicia social. Los derechos son inherentes a la condición de ser persona y cualquier otra argumentación supone un atentado contra la dignidad humana.
La necesidad de reivindicar una política migratoria que contemple la inmigración como un hecho configurado por personas y no por cifras o mano de obra. La concepción de la inmigración como mera mano de obra se ha intensificado debido a la derechización del discurso en materia migratoria por parte de gran parte de la clase política (no sólo a nivel estatal sino también europeo) y un contexto de crisis económica que ha alimentado los discursos utilitaristas y de prioridad nacional. Así, se deslegitiman otros motivos para migrar, como el deseo de las personas de cambiar y mejorar sus vidas. Cabe recordar en este punto que, al mismo tiempo que se endurece la Ley de Extranjería, se ha hecho otro tanto con la Ley de Asilo, a través de una reforma que reduce más si cabe las posibilidades de acceder al estatus de persona refugiada.
Legislar de forma diferenciada todas las parcelas de la vida de las personas inmigrantes limita su integración y acceso a la ciudadanía, y además mina la cohesión social.
Por todo lo anterior, desde SOS Racismo denunciamos toda ley de extranjería y aquellos puntos que se agravan o consolidan en la nueva reforma que se pueden resumir en recorte y vulneración de derechos, creación de nuevas categorías de inmigrantes y aumento del régimen sancionador. Algunos ejemplos:
La exigencia de que el reagrupante deba ser titular de una residencia de larga duración, para los ascendientes reagrupados y que además deban tener más de 65 años, supone una quiebra del derecho fundamental a la vida en familia y la unidad familiar.
Ampliar el tiempo de internamiento de 40 a 60 días es una clara vulneración de los derechos humanos. Las medidas incorporadas, como son la presencia del juzgado de instrucción durante todo el proceso o la visita de las ONG en los centros de internamiento no pueden resolver ni legitimar una situación, la privación de libertad de personas inocentes, contraria de por sí a los valores de un estado de derecho y democrático.
La creación de la figura de residente de larga duración, así como la incorporación de la figura de extranjero con tarjeta azul implica la categorización de la inmigración agravando la desigualdad de derechos existente anteriormente entre extranjeros y nacionales y entre inmigrantes en situación regular e irregular.
El Proyecto incrementa las sanciones y sus cuantías en materia infracciones, tanto para los/las inmigrantes como para quien les apoye, (hasta el punto de sancionar con multa de 500 a 10.000 euros a quién empadrone a alguien que no esté domiciliado en su vivienda o a quien realice una carta de invitación y posteriormente mantenga a su cargo a la persona una vez caduque su visado) Además se mantiene la sanción de expulsión por la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo, pese a que numerosa y variada jurisprudencia ha establecido que la sanción de expulsión por la mera estancia irregular se considera desproporcionada y contraria a derecho. En definitiva se amplía el Estado de control policial extendiéndose no sólo a las personas inmigrantes sino al resto de la sociedad en un intento de estigmatizar y aislar a los y las inmigrantes, sobre todo a aquellas personas que siendo víctimas de una política de extranjería que les aboca a la irregularidad pasan a ser criminalizadas.
Incluso avances como los que se introducen en materia de violencia de género presentan carencias, porque con este proyecto sigue habiendo víctimas de primera y de segunda categoría puesto que dejar la posibilidad de reabrir el expediente de expulsión en caso de que la sentencia no dé la razón a la víctima actuará como un ingrediente más para alimentar el miedo a denunciar de muchas mujeres inmigradas que sufren malos tratos.
El texto propuesto por el Gobierno así como la mayoría de enmiendas admitidas de CIU y Coalición Canaria dan como resultado un paso adelante en la pérdida de valores y principios que toda sociedad democrática debe defender. Nos encontramos de nuevo con una oportunidad perdida por un gobierno autoproclamado progresista y por los mismos partidos que ya en ocasiones anteriores han sido cómplices de esta situación.
Finalmente, lo grave de esta reforma no es sólo su contenido, sino el efecto que va a surtir en la opinión pública. En un momento de crisis económica, cuando afloran miedos e inseguridades colectivas, el Gobierno apuesta por canalizar este descontento a través de políticas y discursos (como el “los españoles primero” o que sólo será bienvenida la mano de obra extranjera cualificada) que reafirman los prejuicios xenófobos. El Ejecutivo central utiliza una vez más la inmigración como chivo expiatorio para desviar la atención y disimular así su falta de soluciones reales a la coyuntura económica. Sólo eso explica la urgencia con la que se tramita esta penosa ley.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español.
29 octubre 2009
Contactos: Begoña : 687 73 13 35
June : 688 63 40 51
Lluc: 629 90 95 09
El objetivo es, en primer lugar, exponer su posicionamiento ante la reforma de la Ley de Extranjería (las catastróficas repercusiones legales, políticas y sociales que implica) y en segundo lugar, proponer la organización conjunta de un acto de calle (manifestación, concentración o el formato que se decida) el día de su aprobación definitiva.
Para que la reunión sea manejable, SOS Racismo propone quee acuda una persona por colectivo, y que ésta transmita después la información a su grupo. Desde ARVAS invitamos a las personas socias a hacer comentarios a la Junta antes de esa fecha para trasladarlos a la reunión del 21 de noviembre a través del correo arvas@argentinaeuskadi.org.
SOS Racismo dice: “Nos parece muy importante contar con la presencia de asociaciones de inmigrantes, como protagonistas principales de la normativa, pero también nos gustaría que colaboraran otros movimientos sociales, ya que la aprobación de una ley que atenta contra la igualdad de derechos supone construir un tipo determinado de sociedad ante el que las organizaciones sociales tienen mucho que decir”.Reunión para actuar frente a la Ley de Extranjería
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Comunicado de SOS Racismo ante la reforma de la Ley de Extranjería
NO a la ley de Extranjería, no al aumento del racismo institucional.
Ante la aprobación hoy en el Congreso del proyecto de Ley de Extranjería, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español denuncia una vez más el aumento y extensión del racismo institucional que comporta esta nueva reforma así como la persistencia política por mantener un modelo de política de extranjería discriminatoria, injusta e ineficaz.
SOS Racismo denuncia y recuerda:
Que toda ley de extranjería es discriminatoria por esencia puesto que crea categorías de ciudadanos entre personas que comparten una misma sociedad en función de su origen y nacionalidad. La reforma actual no sólo persiste en mantener aquellos recortes ya establecidos en materia de derechos sino que agrava y endurece la normativa a pesar de los intentos demagógicos por parte del Gobierno y quienes le apoyan de “venderla” a la opinión pública como una ley progresista y garantista.
Que es cierto que incorpora o restablece algunos derechos, pero ante este hecho hay que recordar que se trataba de una obligación tras la sentencia del Constitucional y, por otro lado, que el reconocimiento de derechos a las personas inmigradas no son una gracia gubernamental sino una conquista por parte del colectivo y una cuestión de justicia social. Los derechos son inherentes a la condición de ser persona y cualquier otra argumentación supone un atentado contra la dignidad humana.
La necesidad de reivindicar una política migratoria que contemple la inmigración como un hecho configurado por personas y no por cifras o mano de obra. La concepción de la inmigración como mera mano de obra se ha intensificado debido a la derechización del discurso en materia migratoria por parte de gran parte de la clase política (no sólo a nivel estatal sino también europeo) y un contexto de crisis económica que ha alimentado los discursos utilitaristas y de prioridad nacional. Así, se deslegitiman otros motivos para migrar, como el deseo de las personas de cambiar y mejorar sus vidas. Cabe recordar en este punto que, al mismo tiempo que se endurece la Ley de Extranjería, se ha hecho otro tanto con la Ley de Asilo, a través de una reforma que reduce más si cabe las posibilidades de acceder al estatus de persona refugiada.
Legislar de forma diferenciada todas las parcelas de la vida de las personas inmigrantes limita su integración y acceso a la ciudadanía, y además mina la cohesión social.
Por todo lo anterior, desde SOS Racismo denunciamos toda ley de extranjería y aquellos puntos que se agravan o consolidan en la nueva reforma que se pueden resumir en recorte y vulneración de derechos, creación de nuevas categorías de inmigrantes y aumento del régimen sancionador. Algunos ejemplos:
La exigencia de que el reagrupante deba ser titular de una residencia de larga duración, para los ascendientes reagrupados y que además deban tener más de 65 años, supone una quiebra del derecho fundamental a la vida en familia y la unidad familiar.
Ampliar el tiempo de internamiento de 40 a 60 días es una clara vulneración de los derechos humanos. Las medidas incorporadas, como son la presencia del juzgado de instrucción durante todo el proceso o la visita de las ONG en los centros de internamiento no pueden resolver ni legitimar una situación, la privación de libertad de personas inocentes, contraria de por sí a los valores de un estado de derecho y democrático.
La creación de la figura de residente de larga duración, así como la incorporación de la figura de extranjero con tarjeta azul implica la categorización de la inmigración agravando la desigualdad de derechos existente anteriormente entre extranjeros y nacionales y entre inmigrantes en situación regular e irregular.
El Proyecto incrementa las sanciones y sus cuantías en materia infracciones, tanto para los/las inmigrantes como para quien les apoye, (hasta el punto de sancionar con multa de 500 a 10.000 euros a quién empadrone a alguien que no esté domiciliado en su vivienda o a quien realice una carta de invitación y posteriormente mantenga a su cargo a la persona una vez caduque su visado) Además se mantiene la sanción de expulsión por la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo, pese a que numerosa y variada jurisprudencia ha establecido que la sanción de expulsión por la mera estancia irregular se considera desproporcionada y contraria a derecho. En definitiva se amplía el Estado de control policial extendiéndose no sólo a las personas inmigrantes sino al resto de la sociedad en un intento de estigmatizar y aislar a los y las inmigrantes, sobre todo a aquellas personas que siendo víctimas de una política de extranjería que les aboca a la irregularidad pasan a ser criminalizadas.
Incluso avances como los que se introducen en materia de violencia de género presentan carencias, porque con este proyecto sigue habiendo víctimas de primera y de segunda categoría puesto que dejar la posibilidad de reabrir el expediente de expulsión en caso de que la sentencia no dé la razón a la víctima actuará como un ingrediente más para alimentar el miedo a denunciar de muchas mujeres inmigradas que sufren malos tratos.
El texto propuesto por el Gobierno así como la mayoría de enmiendas admitidas de CIU y Coalición Canaria dan como resultado un paso adelante en la pérdida de valores y principios que toda sociedad democrática debe defender. Nos encontramos de nuevo con una oportunidad perdida por un gobierno autoproclamado progresista y por los mismos partidos que ya en ocasiones anteriores han sido cómplices de esta situación.
Finalmente, lo grave de esta reforma no es sólo su contenido, sino el efecto que va a surtir en la opinión pública. En un momento de crisis económica, cuando afloran miedos e inseguridades colectivas, el Gobierno apuesta por canalizar este descontento a través de políticas y discursos (como el “los españoles primero” o que sólo será bienvenida la mano de obra extranjera cualificada) que reafirman los prejuicios xenófobos. El Ejecutivo central utiliza una vez más la inmigración como chivo expiatorio para desviar la atención y disimular así su falta de soluciones reales a la coyuntura económica. Sólo eso explica la urgencia con la que se tramita esta penosa ley.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español.
29 octubre 2009
Contactos: Begoña : 687 73 13 35
June : 688 63 40 51
Lluc: 629 90 95 09
viernes, 30 de octubre de 2009
NO a la ley de Extranjería, no al aumento del racismo institucional.
Recuerden que el 13 de noviembre hay una jornada sobre este tema organizada por el Ayuntamiento de Barakaldo que parece muy interesante.
Comunicado de SOS Racismo sobre la reforma de la Ley de Extranjería.
"Ante la aprobación hoy en el Congreso del proyecto de Ley de Extranjería, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español denuncia una vez más el aumento y extensión del racismo institucional que comporta esta nueva reforma así como la persistencia política por mantener un modelo de política de extranjería discriminatoria, injusta e ineficaz.
SOS Racismo denuncia y recuerda:
* Que toda ley de extranjería es discriminatoria por esencia puesto que crea categorías de ciudadanos entre personas que comparten una misma sociedad en función de su origen y nacionalidad. La reforma actual no sólo persiste en mantener aquellos recortes ya establecidos en materia de derechos sino que agrava y endurece la normativa a pesar de los intentos demagógicos por parte del Gobierno y quienes le apoyan de “venderla” a la opinión pública como una ley progresista y garantista.
* Que es cierto que incorpora o restablece algunos derechos, pero ante este hecho hay que recordar que se trataba de una obligación tras la sentencia del Constitucional y, por otro lado, que el reconocimiento de derechos a las personas inmigradas no son una gracia gubernamental sino una conquista por parte del colectivo y una cuestión de justicia social. Los derechos son inherentes a la condición de ser persona y cualquier otra argumentación supone un atentado contra la dignidad humana.
* La necesidad de reivindicar una política migratoria que contemple la inmigración como un hecho configurado por personas y no por cifras o mano de obra. La concepción de la inmigración como mera mano de obra se ha intensificado debido a la derechización del discurso en materia migratoria por parte de gran parte de la clase política (no sólo a nivel estatal sino también europeo) y un contexto de crisis económica que ha alimentado los discursos utilitaristas y de prioridad nacional. Así, se deslegitiman otros motivos para migrar, como el deseo de las personas de cambiar y mejorar sus vidas. Cabe recordar en este punto que, al mismo tiempo que se endurece la Ley de Extranjería, se ha hecho otro tanto con la Ley de Asilo, a través de una reforma que reduce más si cabe las posibilidades de acceder al estatus de persona refugiada.
* Legislar de forma diferenciada todas las parcelas de la vida de las personas inmigrantes limita su integración y acceso a la ciudadanía, y además mina la cohesión social.
Por todo lo anterior, desde SOS Racismo denunciamos toda ley de extranjería y aquellos puntos que se agravan o consolidan en la nueva reforma que se pueden resumir en recorte y vulneración de derechos, creación de nuevas categorías de inmigrantes y aumento del régimen sancionador. Algunos ejemplos:
* La exigencia de que el reagrupante deba ser titular de una residencia de larga duración, para los ascendientes reagrupados y que además deban tener más de 65 años, supone una quiebra del derecho fundamental a la vida en familia y la unidad familiar.
* Ampliar el tiempo de internamiento de 40 a 60 días es una clara vulneración de los derechos humanos. Las medidas incorporadas, como son la presencia del juzgado de instrucción durante todo el proceso o la visita de las ONG en los centros de internamiento no pueden resolver ni legitimar una situación, la privación de libertad de personas inocentes, contraria de por sí a los valores de un estado de derecho y democrático.
* La creación de la figura de residente de larga duración, así como la incorporación de la figura de extranjero con tarjeta azul implica la categorización de la inmigración agravando la desigualdad de derechos existente anteriormente entre extranjeros y nacionales y entre inmigrantes en situación regular e irregular.
* El Proyecto incrementa las sanciones y sus cuantías en materia infracciones, tanto para los/las inmigrantes como para quien les apoye, (hasta el punto de sancionar con multa de 500 a 10.000 euros a quién empadrone a alguien que no esté domiciliado en su vivienda o a quien realice una carta de invitación y posteriormente mantenga a su cargo a la persona una vez caduque su visado) Además se mantiene la sanción de expulsión por la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo, pese a que numerosa y variada jurisprudencia ha establecido que la sanción de expulsión por la mera estancia irregular se considera
desproporcionada y contraria a derecho. En definitiva se amplía el Estado de control policial extendiéndose no sólo a las personas inmigrantes sino al resto de la sociedad en un intento de estigmatizar y aislar a los y las inmigrantes, sobre todo a aquellas personas que siendo víctimas de una política de extranjería que les aboca a la irregularidad pasan a ser criminalizadas.
* Incluso avances como los que se introducen en materia de violencia de género presentan carencias, porque con este proyecto sigue habiendo víctimas de primera y de segunda categoría puesto que dejar la posibilidad de reabrir el expediente de expulsión en caso de que la sentencia no dé la razón a la víctima actuará como un ingrediente más para alimentar el miedo a denunciar de muchas mujeres inmigradas que sufren malos tratos.
El texto propuesto por el Gobierno así como la mayoría de enmiendas admitidas de CIU y Coalición Canaria dan como resultado un paso adelante en la pérdida de valores y principios que toda sociedad democrática debe defender. Nos encontramos de nuevo con una oportunidad perdida por un gobierno autoproclamado progresista y por los mismos partidos que ya en ocasiones anteriores han sido cómplices de esta situación.
Finalmente, lo grave de esta reforma no es sólo su contenido, sino el efecto que va a surtir en la opinión pública. En un momento de crisis económica, cuando afloran miedos e inseguridades colectivas, el Gobierno apuesta por canalizar este descontento a través de políticas y discursos (como el “los españoles primero” o que sólo será bienvenida la mano de obra extranjera cualificada) que reafirman los prejuicios xenófobos. El Ejecutivo central utiliza una vez más la inmigración como chivo expiatorio para desviar la atención y disimular así su falta de soluciones reales a la coyuntura económica. Sólo eso explica la urgencia con la que se tramita esta penosa ley.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español".
Comunicado de SOS Racismo sobre la reforma de la Ley de Extranjería.
"Ante la aprobación hoy en el Congreso del proyecto de Ley de Extranjería, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado español denuncia una vez más el aumento y extensión del racismo institucional que comporta esta nueva reforma así como la persistencia política por mantener un modelo de política de extranjería discriminatoria, injusta e ineficaz.
SOS Racismo denuncia y recuerda:
* Que toda ley de extranjería es discriminatoria por esencia puesto que crea categorías de ciudadanos entre personas que comparten una misma sociedad en función de su origen y nacionalidad. La reforma actual no sólo persiste en mantener aquellos recortes ya establecidos en materia de derechos sino que agrava y endurece la normativa a pesar de los intentos demagógicos por parte del Gobierno y quienes le apoyan de “venderla” a la opinión pública como una ley progresista y garantista.
* Que es cierto que incorpora o restablece algunos derechos, pero ante este hecho hay que recordar que se trataba de una obligación tras la sentencia del Constitucional y, por otro lado, que el reconocimiento de derechos a las personas inmigradas no son una gracia gubernamental sino una conquista por parte del colectivo y una cuestión de justicia social. Los derechos son inherentes a la condición de ser persona y cualquier otra argumentación supone un atentado contra la dignidad humana.
* La necesidad de reivindicar una política migratoria que contemple la inmigración como un hecho configurado por personas y no por cifras o mano de obra. La concepción de la inmigración como mera mano de obra se ha intensificado debido a la derechización del discurso en materia migratoria por parte de gran parte de la clase política (no sólo a nivel estatal sino también europeo) y un contexto de crisis económica que ha alimentado los discursos utilitaristas y de prioridad nacional. Así, se deslegitiman otros motivos para migrar, como el deseo de las personas de cambiar y mejorar sus vidas. Cabe recordar en este punto que, al mismo tiempo que se endurece la Ley de Extranjería, se ha hecho otro tanto con la Ley de Asilo, a través de una reforma que reduce más si cabe las posibilidades de acceder al estatus de persona refugiada.
* Legislar de forma diferenciada todas las parcelas de la vida de las personas inmigrantes limita su integración y acceso a la ciudadanía, y además mina la cohesión social.
Por todo lo anterior, desde SOS Racismo denunciamos toda ley de extranjería y aquellos puntos que se agravan o consolidan en la nueva reforma que se pueden resumir en recorte y vulneración de derechos, creación de nuevas categorías de inmigrantes y aumento del régimen sancionador. Algunos ejemplos:
* La exigencia de que el reagrupante deba ser titular de una residencia de larga duración, para los ascendientes reagrupados y que además deban tener más de 65 años, supone una quiebra del derecho fundamental a la vida en familia y la unidad familiar.
* Ampliar el tiempo de internamiento de 40 a 60 días es una clara vulneración de los derechos humanos. Las medidas incorporadas, como son la presencia del juzgado de instrucción durante todo el proceso o la visita de las ONG en los centros de internamiento no pueden resolver ni legitimar una situación, la privación de libertad de personas inocentes, contraria de por sí a los valores de un estado de derecho y democrático.
* La creación de la figura de residente de larga duración, así como la incorporación de la figura de extranjero con tarjeta azul implica la categorización de la inmigración agravando la desigualdad de derechos existente anteriormente entre extranjeros y nacionales y entre inmigrantes en situación regular e irregular.
* El Proyecto incrementa las sanciones y sus cuantías en materia infracciones, tanto para los/las inmigrantes como para quien les apoye, (hasta el punto de sancionar con multa de 500 a 10.000 euros a quién empadrone a alguien que no esté domiciliado en su vivienda o a quien realice una carta de invitación y posteriormente mantenga a su cargo a la persona una vez caduque su visado) Además se mantiene la sanción de expulsión por la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo, pese a que numerosa y variada jurisprudencia ha establecido que la sanción de expulsión por la mera estancia irregular se considera
desproporcionada y contraria a derecho. En definitiva se amplía el Estado de control policial extendiéndose no sólo a las personas inmigrantes sino al resto de la sociedad en un intento de estigmatizar y aislar a los y las inmigrantes, sobre todo a aquellas personas que siendo víctimas de una política de extranjería que les aboca a la irregularidad pasan a ser criminalizadas.
* Incluso avances como los que se introducen en materia de violencia de género presentan carencias, porque con este proyecto sigue habiendo víctimas de primera y de segunda categoría puesto que dejar la posibilidad de reabrir el expediente de expulsión en caso de que la sentencia no dé la razón a la víctima actuará como un ingrediente más para alimentar el miedo a denunciar de muchas mujeres inmigradas que sufren malos tratos.
El texto propuesto por el Gobierno así como la mayoría de enmiendas admitidas de CIU y Coalición Canaria dan como resultado un paso adelante en la pérdida de valores y principios que toda sociedad democrática debe defender. Nos encontramos de nuevo con una oportunidad perdida por un gobierno autoproclamado progresista y por los mismos partidos que ya en ocasiones anteriores han sido cómplices de esta situación.
Finalmente, lo grave de esta reforma no es sólo su contenido, sino el efecto que va a surtir en la opinión pública. En un momento de crisis económica, cuando afloran miedos e inseguridades colectivas, el Gobierno apuesta por canalizar este descontento a través de políticas y discursos (como el “los españoles primero” o que sólo será bienvenida la mano de obra extranjera cualificada) que reafirman los prejuicios xenófobos. El Ejecutivo central utiliza una vez más la inmigración como chivo expiatorio para desviar la atención y disimular así su falta de soluciones reales a la coyuntura económica. Sólo eso explica la urgencia con la que se tramita esta penosa ley.
Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español".
sábado, 17 de octubre de 2009
La reforma de la ley de extranjería a debate
VI JORNADAS DE INMIGRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO
9:00 – 9:15
INAUGURACIÓN:Antonio Julián Rodríguez Esquerdo. Alcalde de Baracaldo
Miguel Ángel González Martín. Director de Inmigración del Gobierno Vasco
Angel Chueca.“Lectura crítica de la Reforma de la Ley Orgánica de Extranjería”.
Oscar Seco.“El debate político de la Reforma de la Ley Orgánica de Extranjería”
12:00-12:30
DESCANSO
Oscar Vellisca y Ekain Larrinaga.“El acceso a la inserción sociolaboral de las personas inmigrantes”.
Jose Zarauz y Jone Pariza.“El acceso al padrón ante la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería y su vinculación con la políticas locales de integración”.
14:30 CLAUSURA
Amaya Rojas Ruiz. Concejala Delegada del Área de Acción Social.
LUGAR: Clara Campoamor Kultur EtxeaDÍA: 13 de NoviembreINCRIPCIÓN GRATUITA:944 789 111 - www.barakaldo.org
9:00 – 9:15
INAUGURACIÓN:Antonio Julián Rodríguez Esquerdo. Alcalde de Baracaldo
Miguel Ángel González Martín. Director de Inmigración del Gobierno Vasco
Angel Chueca.“Lectura crítica de la Reforma de la Ley Orgánica de Extranjería”.
Oscar Seco.“El debate político de la Reforma de la Ley Orgánica de Extranjería”
12:00-12:30
DESCANSO
Oscar Vellisca y Ekain Larrinaga.“El acceso a la inserción sociolaboral de las personas inmigrantes”.
Jose Zarauz y Jone Pariza.“El acceso al padrón ante la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería y su vinculación con la políticas locales de integración”.
14:30 CLAUSURA
Amaya Rojas Ruiz. Concejala Delegada del Área de Acción Social.
LUGAR: Clara Campoamor Kultur EtxeaDÍA: 13 de NoviembreINCRIPCIÓN GRATUITA:944 789 111 - www.barakaldo.org
martes, 6 de octubre de 2009
¡Sumate a la 25!
Argentina en Euskadi, también contamos.
La Asociación Argentina en el País Vasco, ARVAS, convoca a todas las personas argentinas residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco a partipar del encuentro "¡Sumate a la 25! Argentina en Euskadi, también contamos" para hablar de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas que vivimos fuera del territorio nacional.
El encuentro será el sábado 24 de octubre a las 16 horas en la sede de ARVAS -Centro Ignacio Ellacuría (C/ Padre Lojendio, 2. Bilbao)-. La participación es gratuita y se ofrecerá servicio de guardaría para que nadie se quede sin participar. Se ruega apuntarse previamente.
Esta jornada de ARVAS tiene como objetivo recoger y hacer llegar nuestras propuestas e inquietudes al Encuentro de personas argentinas residentes en el extranjero, que el Ministerio del Interior de la República Argentina está organizando para el 21 de diciembre en Buenos Aires.
La temática de la jornada girará en torno a los temas de Seguridad Social, Remesas, Representación, Voto en el exterior y Retorno.
Programa de "Sumate a la 25! Argentina en Euskadi, también contamos"
Sábado 24 de octubre:
- 16.00 Presentación de ARVAS y situación de las personas argentinas residentes en el País Vasco
- 16.30 Información sobre la iniciativa "Provincia 25" y el encuentro del 21 de diciembre.
- 17.00 Talleres de trabajo sobre los distintos temas para todas las personas participantes, coordinados por ARVAS.
- 19.00 Primeras conclusiones del trabajo.-19.30 Cierre y merienda argentina.
Para apuntarse y recibir más información sobre este evento, escribir a informacion@argentinaeuskadi.org o llamar al 620 222 414.
Para empadronarte como residente de la "Provincia 25" y saber más sobre esta propuesta del Ministerio del Interior, hacé click acá. Cuantos más nos sumemos, mayor será el resultado.
La Asociación Argentina en el País Vasco, ARVAS, convoca a todas las personas argentinas residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco a partipar del encuentro "¡Sumate a la 25! Argentina en Euskadi, también contamos" para hablar de nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas que vivimos fuera del territorio nacional.
El encuentro será el sábado 24 de octubre a las 16 horas en la sede de ARVAS -Centro Ignacio Ellacuría (C/ Padre Lojendio, 2. Bilbao)-. La participación es gratuita y se ofrecerá servicio de guardaría para que nadie se quede sin participar. Se ruega apuntarse previamente.
Esta jornada de ARVAS tiene como objetivo recoger y hacer llegar nuestras propuestas e inquietudes al Encuentro de personas argentinas residentes en el extranjero, que el Ministerio del Interior de la República Argentina está organizando para el 21 de diciembre en Buenos Aires.
La temática de la jornada girará en torno a los temas de Seguridad Social, Remesas, Representación, Voto en el exterior y Retorno.
Programa de "Sumate a la 25! Argentina en Euskadi, también contamos"
Sábado 24 de octubre:
- 16.00 Presentación de ARVAS y situación de las personas argentinas residentes en el País Vasco
- 16.30 Información sobre la iniciativa "Provincia 25" y el encuentro del 21 de diciembre.
- 17.00 Talleres de trabajo sobre los distintos temas para todas las personas participantes, coordinados por ARVAS.
- 19.00 Primeras conclusiones del trabajo.-19.30 Cierre y merienda argentina.
Para apuntarse y recibir más información sobre este evento, escribir a informacion@argentinaeuskadi.org o llamar al 620 222 414.
Para empadronarte como residente de la "Provincia 25" y saber más sobre esta propuesta del Ministerio del Interior, hacé click acá. Cuantos más nos sumemos, mayor será el resultado.
miércoles, 3 de junio de 2009
ACNUR pide a Unión Europea medidas migratorias respetuosas de derechos humanos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), António Guterres, instó hoy a los Estados de la Unión Europea a implementar medidas migratorias que no contravengan los derechos humanos de los solicitantes de asilo o refugiados.
En vísperas de la reunión de ministros europeos de Justicia y del Interior, que se celebrará esta semana, Guterres envió una carta al presidente de la Unión en la que expresó su preocupación por la respuesta que han dado los países de ese bloque –incluido Italia – a las personas interceptadas en el Mediterráneo tratando de alcanzar la costa europea.
El ACNUR también pidió a los Estados europeos a apoyar a Libia para que pueda mejorar las condiciones generales de los solicitantes de asilo y los refugiados que se encuentran en su territorio tras ser enviados a este país por las autoridades italianas que los interceptaron.
Asimismo, llamó a los países de la Unión a admitir a las personas que necesiten protección internacional.
Una vez más, Guterres reconoció los desafíos que supone la migración irregular tanto para los países del norte de África como para los del sur de Europa y agradeció el apoyo europeo al trabajo que realiza su oficina; sin embargo, reiteró que sus actividades no sustituyen la responsabilidad de los Estados.
Por lo mismo, el ACNUR urgió una vez más a los países de la Unión Europea a acoger a los refugiados que se encuentran sin solución a sus casos en Libia y otros países donde no existen políticas que los protejan de manera permanente.
En vísperas de la reunión de ministros europeos de Justicia y del Interior, que se celebrará esta semana, Guterres envió una carta al presidente de la Unión en la que expresó su preocupación por la respuesta que han dado los países de ese bloque –incluido Italia – a las personas interceptadas en el Mediterráneo tratando de alcanzar la costa europea.
El ACNUR también pidió a los Estados europeos a apoyar a Libia para que pueda mejorar las condiciones generales de los solicitantes de asilo y los refugiados que se encuentran en su territorio tras ser enviados a este país por las autoridades italianas que los interceptaron.
Asimismo, llamó a los países de la Unión a admitir a las personas que necesiten protección internacional.
Una vez más, Guterres reconoció los desafíos que supone la migración irregular tanto para los países del norte de África como para los del sur de Europa y agradeció el apoyo europeo al trabajo que realiza su oficina; sin embargo, reiteró que sus actividades no sustituyen la responsabilidad de los Estados.
Por lo mismo, el ACNUR urgió una vez más a los países de la Unión Europea a acoger a los refugiados que se encuentran sin solución a sus casos en Libia y otros países donde no existen políticas que los protejan de manera permanente.
jueves, 7 de mayo de 2009
Los derechos de las personas inmigrantes en Europa
El 7 de junio de este año se renueva el Parlamento de la UE, la Unión Europea. Todos los integrantes, estén en el país europeo que estén, pueden votar.
Este es uno de los anuncios con los que la Unión Europea promociona la participación del electorado.
También están en maquetas de gira por distintas ciudades españolas.
Las elecciones europeas son un espacio clave para la defensa y la protección de los derechos de las personas inmigrantes. ARVAS cree que no existen las personas ilegales y que los derechos humanos son inalienables y para todos y todas.
En el apartado para la prensa del sitio web http://www.elecciones2009.ue/, especialmente creado por el propio Parlamento Europeo para la ocasión, se informa a los periodistas de diversos temas. Por ejemplo, las decisiones en materia de Inmigración.
Dice textualmente (nosotros agregamos el subrayado):
"Directiva de retorno: normas comunes para la retención y el reingreso
Con la aprobación de la directiva de retorno en junio de 2008, el Parlamento Europeo dio un importante paso adelante hacia una política comunitaria sobre inmigración. El texto, que se aplicará a partir de 2011, promueve el retorno voluntario de inmigrantes ilegales y establece unas normas mínimas para la retención y la prohibición de reingreso. Asimismo, estipula una serie de garantías jurídicas y confiere libertad a los Estados miembros para aplicar disposiciones más favorables.
El pleno de la Eurocámara aprobó un paquete de enmiendas negociadas en primera lectura con los Estados miembros. Según este acuerdo, los países de la UE no podrán aplicar condiciones menos favorables a los inmigrantes ilegales que las estipuladas por la UE, sin perjuicio de su derecho a mantener o adoptar disposiciones más favorables.
El pleno de la Eurocámara aprobó un paquete de enmiendas negociadas en primera lectura con los Estados miembros. Según este acuerdo, los países de la UE no podrán aplicar condiciones menos favorables a los inmigrantes ilegales que las estipuladas por la UE, sin perjuicio de su derecho a mantener o adoptar disposiciones más favorables.
La directiva sólo es aplicable previa expedición de una decisión de retorno, siendo cada Estado miembro responsable de la posible regularización de los inmigrantes indocumentados. Fomento del "retorno voluntario".
El compromiso político alcanzado bajo la dirección del ponente alemán Manfred Weber (PPE-DE) establece un planteamiento en dos fases: la decisión de retorno abre un plazo de "retorno voluntario" (de siete a treinta días de duración), que puede ir seguido de una "decisión de expulsión". Si dicha decisión la expide una autoridad judicial y se estima que existe riesgo de fuga, la persona en cuestión podrá ser trasladada a un centro de internamiento por decisión judicial o administrativa. La directiva estipula un periodo máximo de internamiento, que actualmente es ilimitado en ciertos Estados miembros, y define una serie de condiciones mínimas para el internamiento, incluidos el derecho a asistencia médica y a la educación de los menores.
El compromiso político alcanzado bajo la dirección del ponente alemán Manfred Weber (PPE-DE) establece un planteamiento en dos fases: la decisión de retorno abre un plazo de "retorno voluntario" (de siete a treinta días de duración), que puede ir seguido de una "decisión de expulsión". Si dicha decisión la expide una autoridad judicial y se estima que existe riesgo de fuga, la persona en cuestión podrá ser trasladada a un centro de internamiento por decisión judicial o administrativa. La directiva estipula un periodo máximo de internamiento, que actualmente es ilimitado en ciertos Estados miembros, y define una serie de condiciones mínimas para el internamiento, incluidos el derecho a asistencia médica y a la educación de los menores.
Si una persona es expulsada una vez expirado el plazo de "retorno voluntario", puede verse afectada por una "prohibición de reingreso", durante la que no podrá entrar en el territorio de la Unión.
Internamiento de seis meses, prorrogable doce meses más.
El periodo máximo de internamiento será de seis meses, pero en algunos casos se podrá prorrogar doce meses más. La duración de la prohibición de reingreso no excederá de cinco años, aunque podrá prolongarse si la persona en cuestión representa una "grave" amenaza para la seguridad pública. No obstante, los Estados miembros podrán levantar, anular o suspender dicha prohibición si lo estiman oportuno.
Si se ordena el internamiento de una persona por decisión administrativa, la autoridad judicial deberá validar dicha decisión "lo más rápidamente posible"; la propuesta inicial imponía un plazo de 72 horas para efectuar el control judicial, mientras que la comisión de Libertades Civiles del Parlamento pedía sólo 48. La enmienda presentada por los socialistas que proponía restablecer el plazo de 72 horas fue rechazada.
Menores y familias internados "como último recurso"
El texto aborda la cuestión de los menores y las familias. En estos casos, se evitará la aplicación de cualquier medida coercitiva y sólo se ordenará su internamiento como último recurso. No se podrá expulsar a los menores no acompañados, a menos que su familia o un centro de acogida se haga cargo de ellos a su llegada.
Situaciones de emergencia
El Consejo ha incluido un artículo según el que se establece una mayor flexibilidad para las autoridades administrativas en "situación de emergencia": si "un número excepcionalmente importante de nacionales de terceros países que deban ser retornados" plantea "una importante carga imprevista" para la capacidad del personal administrativo y judicial de un Estado miembro, se permitirá el aplazamiento del control judicial y la aplicación de condiciones de internamiento menos favorables.
Asimismo, los Estados miembros deberán tener en cuenta la situación del país de origen en virtud del principio de no devolución, según el cual, ningún Estado devolverá en modo alguno un refugiado a un país en el que su vida o su libertad puedan verse amenazadas. El Parlamento Europeo determinará en codecisión con el Consejo los países que pueden considerarse "seguros", siguiendo una sentencia dictada recientemente por el Tribunal de Justicia.
Asistencia jurídica gratuita
La directiva establece la prestación de asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes ilegales sin recursos, de conformidad con las distintas legislaciones nacionales y la directiva "procedimiento" de 2005 sobre la asistencia prestada a los solicitantes de asilo. El Fondo Europeo para el Retorno, previsto para el periodo 2008-2013 con un presupuesto de 676 millones de euros, podrá utilizarse también para costear la asistencia jurídica de los inmigrantes. Dicho Fondo no podía utilizarse hasta la aprobación de la directiva de retorno".
También habla del futuro. Textualmente:
"Inmigración
Nuevas normas de asilo
Los diputados también votarán una serie de propuestas destinadas a regular el derecho de asilo. El propósito es superar las deficiencias del sistema actual y garantizar ciertas condiciones mínimas en el trato de los solicitantes de asilo en la UE. Las condiciones de detención, el acceso al mercado laboral y la situación de los niños son algunos de los temas destacados. Voto en primera lectura previsto para abril de 2009".
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